Dos sujetos identificados como Valentino “N” de 21 años de edad, originario del estado de Guerrero, y Juan Daniel “N” de 22 años, fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Atlacomulco de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) acreditó su probable participación en este ilícito.
Ambos sujetos al parecer se ostentaban como integrantes de La Familia Michoacana y habrían realizado varias llamadas de extorsión a un comerciante a quien le exigieron la entrega de diversas sumas de dinero a cambio de no causarle daño.
De acuerdo con la indagatoria iniciada se pudo determinar que, desde el mes de agosto del año 2020, la víctima se dedicaba al comercio en la central de abasto de Toluca, donde comenzó a recibir en su negocio diversos papeles con mensajes intimidatorios para que pagara una cuota a cambio de dejarlo trabajar.
Posteriormente en el mes de septiembre del mismo año, recibió llamadas telefónicas de sujetos que se ostentaban como integrantes de La Familia Michoacana y quienes le exigieron dinero a cambio de no causarle daño. Ante las constantes amenazas esta persona dejó de comercializar sus productos en la central de abasto y continuó laborando desde el municipio de Jiquipilco.
No obstante, en junio pasado de nueva cuenta comenzó a ser extorsionado por lo que realizó la entrega de diversas cantidades de efectivo.
Cabe mencionar que el pasado 4 de octubre los ahora detenidos y otros sujetos, se presentaron en el domicilio de la víctima, para exigir más dinero y después pretendieron huir a bordo de dos vehículos compactos, sin embargo, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal (SS).
Ambos individuos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación respectiva por el ilícito de extorsión y luego fueron remitidos ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, autoridad que los vinculó a proceso, estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva.
A estos probables extorsionadores se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
