Transportistas de todas las regiones del Estado de México demandaron a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México que cumpla el compromiso que asumió de absorber el costo de los cursos de capacitación a los operadores, pues, denunciaron, “hasta el momento se les siguen cobrando a ellos y su economía no da para eso”.
Raúl Uribe Soria, Secretario de Movilidad del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezó el Encuentro Legislativo de Movilidad, en el salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados, con la asistencia de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia (Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social), donde se anunció que, con la participación de concesionarios y trabajadores de la industria del transporte, ciudadanos, especialistas, legisladores y autoridades estatales y municipales, se integrará una propuesta de Nueva Ley del Transporte para el Estado de México.
Uribe Soria expresó que “lamentablemente muchos compañeros transportistas han salido a trabajar todos los días, y algunos ya no han regresado”, debido a las condiciones de inseguridad que privan en la mayoría del territorio mexiquense. “Vamos a trabajar para que ya no haya ni tanta delincuencia ni tanta corrupción en el transporte”, indicó el secretario de Movilidad de la CATEM.
Se pronunció en contra de las medidas económicas impuestas por la Secretaría de Movilidad mexiquense que lastiman la economía de los transportistas y la estrategia que la autoridad despliega para que los transportistas sean “satanizados”, como responsables de todo lo malo que ocurre en el sector, desde el aumento a las tarifas, los robos y asalto encima de las unidades, y hasta los accidentes.
Recordó que los transportistas no son responsables de abatir la inseguridad, ni en las calles ni a bordo de las unidades, por lo que cuestionó que sean ellos los que deban de pagar por equipos de seguridad y vigilancia como cámaras de video, sistemas de monitoreo satelital y botones de pánico.
“Garantizar la seguridad personal y patrimonial de los mexiquenses es responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, no de los concesionarios y menos de los operadores del transporte”, precisó.
Agradeció la apertura de las y los diputados mexiquenses para escuchar las voces de los auténticos transportistas y tomar en cuenta sus opiniones y propuestas para integrar una propuesta de Nueva Ley de Transporte Público para el Estado de México, con lo que –indicó—será posible alcanzar una relación entre concesionarios y sociedad cada vez más justa, equitativa y equilibrada.
“La sociedad civil, los transportistas y autoridades podemos lograr un transporte más seguro, limpio, que brinde un servicio de calidad, pero eso no será posible con enfrentamientos, sino, por el contrario, con la suma de esfuerzos”, concluyó.
Antes, el diputado Armando Bautista Gómez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, advirtió que “los mexiquenses vamos a hacer historia cuando tengamos una Ley de Transporte adecuada a las necesidades de la población, que reconozca las capacidades y las limitaciones de la entidad, y, sobre todo, que deje de ver al transporte público como un botín electoral y una fuente inagotable de la cual algunos políticos pretenden seguir robando a diestra y siniestra”.
Por su parte, la coordinadora parlamentaria del Partido Encuentro Social, Julieta Villalpando Riquelme, precisó que el problema de la movilidad involucra a todos los mexiquenses, pues si se mantiene como actualmente opera, sin planeación, en la inseguridad y con corrupción, perjudicará a todos, y acusó que en la Secretaría de Movilidad del Estado de México “no hay calidad moral para dar reglas claras al transporte, por lo que llamó a “ver en los transportistas a un aliado, no al enemigo”.
Antes, transportistas como Rogelio García Hernández planteó algunos antecedentes del actual sistema de movilidad estatal, y señaló que éste carece de planeación, no ha incorporado las tecnologías actuales y es víctima también de un pésimo proceso de planeación y desarrollo urbano; Raúl Gutiérrez, habló sobre la estructura institucional y la normatividad aplicable a la Movilidad, sobre lo cual indicó que el marco legal tiene un rezago de décadas y no responde a las necesidades actuales del sector y de los usuarios.
Por su parte, Manuel Infante comentó sobre la capacitación en el transporte público, y fue quien advirtió que a pesar del compromiso personal que el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, asumió con los transportistas, sobre no cobrar a los operadores los cursos de capacitación, a la fecha éstos siguen siendo obligatorios y con cargo a los choferes. “Ganan poco y todavía tienen que pagarle al gobierno para que los capacite”, dijo.
Rafael Gómez Mondragón versó sobre el proceso de regularización de los elementos operativos del Transporte Público, y señaló que como le exigen a los choferes pagar y capacitarse, los agentes de Vialidad deberían someterse a un proceso igual, pues ni siquiera conocen el Reglamento que se supone aplican; Jorge Espinoza Nolasco, hizo referencia a la gobernanza en la movilidad, y subrayó que mientras se carezca de un marco legal adecuado no habrá gobernanza en el sector.
Jesús Zamorano Cruz, comentó sobre la innovación tecnológica en Movilidad, la cual, acotó, en el caso del Estado de México es un sueño, pues los concesionarios carecen de recursos para incorporarla y el gobierno se niega a cumplir con su responsabilidad de subsidiarla para lograr un mejor servicio; en tanto que Fernando Coronel, sobre la participación municipal en el sector, aclaró que mientras exista una “Secretaría de Movilidad disfrazada de Secretaría del Transporte” y no se cuente con una ley clara y precisa para el sector, todo será simulación, los transportistas seguirán endeudándose y se seguirá fingiendo que se instalan cámaras de video vigilancia, botones de pánico y otros aditamentos, así como que se sustituyen unidades viejas por modernas”.
“Hoy se trasladan unos cuantos autobuses nuevos de un municipio a otro para que el gobernador y el secretario de Movilidad vaya de un lado a otro haciendo como que entrega unidades nuevas, con cámaras y equipos de seguridad, pero si se hiciera un censo real de cuantas unidades nuevas y cuántas cuentan con kits de seguridad, se vería la realidad, se comprobaría que no se han renovado las que dice el secretario y por supuesto que la seguridad tampoco va a mejorar”, concluyó.
