Por: Nicolás Gochy
Luego de que este miércoles comenzaron a circular versiones en torno a la renuncia de Damián Canales Mena a la titularidad de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, también han comenzado a surgir versiones no oficiales de quien pudiera ser el relevo del funcionario que no pudo contener la delincuencia en la entidad.
De acuerdo a versiones extraoficiales, se ha logrado conocer que la titularidad de la dependencia podría ser adjudicada a Abraham Eslava Arvizu quien fuera el encargado de despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) hasta el pasado mes de marzo cuando la procuradora Arely Gómez lo destituyo del cargo.
Sin embargo el personaje en cuestión al ser consultado en Internet, presenta un buen número de notas periodísticas que lo involucran con diversos actos irregulares entre ellos el mal manejo que se hacía del programa de recompensas de la SIEDO en donde se involucra a Eslava Arvizu como uno de los funcionarios de la PGR que cobraban estas recompensas.
Una de las piezas periodísticas que hablan del caso es la que manejo el portal electrónico Reporte Indigo y señala que “una serie de audios revela la operación de una red de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y presuntos informantes que trafican con los recursos del programa de recompensas de la propia dependencia”, ahí se involucra a Eslava Arvisu (http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/rapinian-recompensas-en-la-pgr).
Entre otros cargos, a Abraham Eslava Arvizu se le ubica como ex titular de la Fiscalía Especializada en Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del estado de México desde el 2010.
Su curriculum indica que estudió la carrera de derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se desempeñó como fiscal especializado en secuestro, y previamente como coordinador de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Análisis y Antisecuestros de la institución.
En febrero del 2012, refieren diversos portales electrónicos fue señalado de actos de corrupción por dirigentes obreros y habitantes de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y otros municipios del norte del estado de México, quienes afirman que desde la llegada del fiscal de la PGJEM, la corrupción no desapareció, sino por el contrario, aumentó.
