Organizaciones de la sociedad civil que conformaron el “frente 046” solicitaron que el gobierno de Alfredo del Mazo otorgue las facilidades de manera real para que se cumpla la norma 046 que posibilita a las mujeres el poder interrumpir el embarazo cuando este es producto de una violación o bien pone en riesgo la vida del producto o de la gestante.
Y es que a pesar de que la norma es muy explícita, la realidad a la que se enfrentan las mujeres que están gestando producto de una violación les hace muy difícil y en ocasiones imposible el interrumpir el desarrollo embrionario.
“Se enfrentan las mujeres que están en estas situaciones a una serie de trabas gubernamentales que hace casi imposible que puedan tomar decisiones sobre su cuerpo”
De acuerdo a cifras oficiales, de enero del 2016 a septiembre de este año, las instancias de salud del gobierno mexiquense han registrado 1814 casos de violencia sexual de las cuales el 35 por ciento se presume que fueron violaciones pero solo 20 mujeres pudieron interrumpir el embarazo de manera legal.
Y es que entre tras trabas destaca el requisito que ponen las dependencias del sector salud de contar con una autorización judicial para acceder al aborto por violación.
Por ello solicitaron que se puedan generar campañas permanentes de prevención para dar a conocer los derechos de una vida libre de violencia sexual y capacitar a los servidores públicos del sector salud con perspectiva de género para la atención en las instituciones.
