Perderlo todo. Esa Rabia y frustración traducida en gritos o llanto de lucha que lleva a la resistencia. Es lo que se respira en San Francisco Xochicuautla en el paraje de Las Cruces, donde la fe, la justicia y la esperanza yacen bajo el cascajo de lo que alguna fue conocido como “El castillo” una casa de tres niveles construida con el sudor de años.
Todo para dar paso al progreso. A una autopista de cuota para conectar Toluca con Naucalpan que será construida por Grupo Higa, Autovan y Teya. Estos empresarios serán los responsables de acabar con 37.5 hectáreas de bosque, que según los pobladores fueron colocadas ahí por dios, y sólo él podría quitarlas.
Los habitantes ganaron dos amparos interpuestos en el 2015 para impedir la expropiación de los predios y detener la obra, pero no importó. El gobierno del Estado de México no se ha cansado de insistir en que los comuneros no han podido precisar los límites, ni la posesión del terreno. Aunque lleven décadas allí.
Al primero que despojaron de todo fue al delegado Armando García Salazar, quien habitaba el predio desde hace más de 40 años y que pidió a los diputados de la Cámara federal que los apoyen, que los ayuden a encontrar una salida a esta lucha emprendida desde hace más de ocho años.
Arriba, en el fondo se observa una capilla blanca. Está rodeada por el humo que sale de algunas vasijas empleadas para la ceremonia otomí en la que los creyentes piden fuerzas para seguir en pie. “Ahí llegó la Virgen María, muchos no me creen y los policías no la quieren respetar, pero esta tierra no fue creada para vender y hacer billete”, dijo una anciana de 80 años, quien con lágrimas en los ojos defiende cada piedra, cada ladrillo, cada árbol que se asoma por el cerro.
A Xochicuautla arribaron temprano representantes de las 180 organizaciones que integran la Caravana en Defensa de la Madre Tierra. La líder es Fili, una señora de 85 años que se mueve con la misma fuerza que la chica de 20 que le carga la mochila, lamenta que no sólo falten los 43 de Ayotzinapa, sino miles de personas que en este país perdieron la vida en manos de delincuentes, pero también del aparato gubernamental que arrasa con los pueblos, con la vida.
Lucas Miguel Hernández, integrante del Consejo Supremo Indígena Otomí dijo que es coraje lo que muchos sienten, frustración y miedo por el regreso de los policías estatales, parte de las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), quienes se retiraron del predio la tarde del martes, luego del arribo de los estudiantes de la Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería y sociedad civil que los apoya.
“No van a respetar esta tierra y nosotros no nos vamos a ir. Estamos enfermos ya de tanto estrés y del miedo, el eterno terror de que nos quiten todo”.
Frente al campamento donde echan tortillas, cocen frijoles y alimentan a los invitados, hubo un pronunciamiento: las organizaciones pidieron el respeto a la tierra. Llamaron a la población a unirse a la lucha, pelear “por lo nuestro”, por lo que parece desconocido por los grandes consorcios.
