Por: José Óscar Valdés Ramírez
Es legal siempre y cuando cumpla con lo establecido en la Ley del Trabajo, Artículo 15 A, pues desde el año 2012 se legisló en la materia.
En México se desató una polémica contra la denominada Ley Napito, en relación con el Senador Napoleón Gómez, quien promueve una ley para la desaparición de lo que se conoce como «Outsourcing».
Esta palabra proviene de un término del inglés que podemos traducir al español como ‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’.
En el mundo empresarial, designa el proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción.
La palabra, como tal, es un anglicismo que se compone con las voces out, que significa ‘fuera’, y source, que traduce ‘fuente’ u ‘origen’, es decir, fuente externa.
En este sentido, el outsourcing está estrechamente relacionado con la subcontratación de servicios, pues supone la búsqueda de una fuente externa a la empresa que pueda prestar de manera eficiente determinados servicios, para que ésta pueda disponer de más tiempo para centrarse en los aspectos claves de su negocio.
El esquema de subcontratación es muy innovador, éste no estaba regulado en nuestro país, desde los 90’s, se conocía como tercerización y muchos abusaron de su novedad para evadir y eludir impuestos, no pagar el PTU a sus empleados o no pagar cuotas completas al IMSS e Infonavit.
En 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo, el concepto se utilizó formalmente como «outsourcing», definiendo concretamente su estructura y regulando sus acciones. Dicha Ley establece que el outsourcing es legal y la Ley Federal del Trabajo, lo dispone en el Artículo 15-A que dicta: “El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.”
La legalidad del outsourcing y de las empresas que operan cumpliendo todos los requisitos que la ley estipula, están reguladas por la Asociación Mexicana de Capital Humano. La AMECH, desde el 2002, nace como una institución para respaldar a las empresas responsables y serias en el ramo de los Recursos Humanos. Ésta garantiza que se brinde un servicio de calidad y que todas las empresas que la conformen se apeguen a las leyes mexicanas.
La Confederación Mundial de Empleo (WEC), reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), avala los procesos de la AMECH y garantiza su formalidad.
La Ley del Seguro Social ya se valida este esquema y, desde el 9 de julio del 2009, realizó adiciones que publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde dispuso obligaciones para efectos de la subcontratación, verificando así que los derechos de los trabajadores y sus prestaciones estén protegidas. De ahí la importancia del control de nómina.
En el Diario de la Federación, en el 2015, el servicio de administración tributaria estableció criterios en donde marca las prácticas indebidas y sus criterios. Sólo ese año, el SAT detectó 512 empresas de Outsourcing que ofrecieron servicios indebidos y que sus operaciones tuvieron un valor de 198 mil millones de pesos y casi 30 mil clientes. Estas empresas habían evadido, con ello, 80 mil millones de pesos en impuestos, afectando a 230 mil empleados.
Sin embargo, por tratarse de una práctica que tiene beneficios enormes, no sólo para la economía de las empresas mexicanas y sus trabajadores, sino para el avance y crecimiento de la economía del país, el Outsourcing es legal en México y muchas empresas serias trabajan bajo esquemas formales que se apegan a las regulaciones que la ley establece y protegen los derechos y las prestaciones de los trabajadores. Reconoce el costo/beneficio de contratar una empresa de outsourcing de personal.
El outsourcing de nómina es total y absolutamente legal en nuestro país, de hecho, el esquema actual emplea alrededor de 2 millones de personas en México. Sin embargo, opera una gran cantidad de empresas de outsourcing de nómina que no son legales.
No confundir el outsourcing con la compra – venta de facturas que son cosas totalmente distintas, la ley que pretende pasar al pleno del Senado para desaparecer el outsourcing, si se llegara a aprobar, en amparo la ley se vendría abajo pues existen tratados internacionales que respaldan esta figura jurídica.
Existe una gran confusión pues este esquema para ser claros, se uso para defraudar, ocultar dinero de gobernadores y desvió de recursos, los nombres más famosos de estos esquemas fueron en dos estados, Oaxaca y Chiapas. Con los Castro y los Álvarez Puga. Los Castro con órdenes de aprehensión sin ejecutar y los Álvarez Puga que desde el sexenio de EPN los han estado investigando.
Uno de los más visibles en este campo que abiertamente ha enfrentado una cruzada es GINgroup que dirige Raúl Beyrutí, con más de 180 mil colaboradores contratados para terceros, es el cuarto empleador más grande de México. Esa cifra es incluso superior a los 170 mil empleados que contratan las 20 empresas de outsourcing afiliadas a la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH) – a la que, por cierto, no pertenece GINgroup-, y es la que ha mantenido una lucha tras bambalinas contra GINgroup ingresándole denuncias penales anónimas, siendo el fondo la lucha por el mercado que liderea.
GINgroup tiene una fundación que realiza obras sociales sin que las publicite -me enteré recientemente que en municipios del Estado de México reparte ropa y zapatos a personas de escasos recursos, también reparte despensas a gente en pobreza extrema, independientemente del crecimiento que tiene en otros países con un programa que innovaron y que aceptaron países como España, Colombia, Costa rica y Panamá.
La batalla legal será en tribunales, recordando que existen tres ministros de la SCJN que provienen de Hacienda -dos extitulares del SAT y un exprocurador Fiscal-. Pero esta controversial ley denominada «Ley Napito», presentada por un controvertido senador, que estuvo prófugo, no fue bien recibida.
Si el Senado la lleva al pleno será crónica de una muerte anunciada.
Parafraseando a Montesquieu:
«UNA COSA NO ES JUSTA POR EL HECHO DE SER LEY. DEBE SER LEY PORQUE ES JUSTA».
