Por: José Óscar Valdés Ramírez
“Todos somos responsables de todo y de todos, y yo más que los otros”
Fiodor Dostoievski
Durante mis estudios de Doctorado en Derecho Constitucional, en una de las clases se suscitó un debate con el titular de la cátedra quien sostenía que al hablar de “fraude a la Ley”, se debería tener mucho cuidado porque, en su opinión, esa figura jurídica no puede presentarse.
Argumentaba que los operadores del Derecho son conocedores del mismo y en especial los administradores de la justicia: Jueces, Magistrados y desde luego, los Ministros de la Corte, deben tener un profundo conocimiento tanto del Derecho como del sistema jurídico y deberían tener, además, una amplia cultura general y no solo en las áreas que son de su especialidad -coincido en ello-.
Desafortunadamente, esto no es así porque la especie en la actuación de Jueces, Magistrados y aún ministros, está severamente cuestionada por una sociedad harta de injusticias, sentencias contrarias y con una enorme sed de Justicia.
El amparo es un medio de control constitucional muy especial, muy específico, además, es el único medio de control al alcance del gobernado y conlleva la oportunidad, la posibilidad y la aplicación del Derecho; este juicio protege los Derechos Humanos y sus garantías.
Derivado de una convocatoria del órgano autónomo Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para otorgar el “Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, se designó a los “trámites realizados ante los Notarios Públicos” como “ganadores” del concurso.
Inconformes, un grupo de Fedatarios, acudieron ante las instancias judiciales para impugnar vía amparo, el resultado del concurso pues la opinión de la Cofece, ha causado perjuicio a la Institución Notarial en su buena reputación, su buena fama y su reputación, que son lo transcendente de la fe pública.
Los juicios de amparo fueron asignados a los juzgados primero y segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, quienes consideraron que tal “opinión”, el pronunciamiento de la Cofece no pudo ser considerado un acto de autoridad y, consecuentemente, no causa afectación al gremio notarial; dejando de lado los nuevos criterios del Alto Tribunal para el alcance del concepto de autoridad y vulnerando que el único medio de defensa ante la COFECE es el amparo pues emana del artículo 28 Constitucional.
Inconformes, los Notarios acudieron en queja ante el Primero y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializada en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, quienes, supinamente, la desecharon.
Sin embargo, existe una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH que consideró que sí hubo una actuación irregular de la Cofece en perjuicio del gremio de los Notarios y que afecta su reputación, su prestigio y su buen nombre.
Esa recomendación fue ofrecida como prueba superveniente que, por su naturaleza, tiene la condición de ser eventual por lo que no puede determinarse cuando tendrán esa condición. Pero, de nuevo, no fue admitida por los juzgados, y, cuando se presentó el recurso de queja ante los Colegiados, la superioridad consideró que, toda vez que el acuerdo que desechó la admisión de la prueba superveniente ofrecida fue notificado por lista, fue presentada de manera extemporánea y por ello, se desechó.
La notificación tiene una importancia extraordinaria pues a través de ella, las partes están en posibilidad de presentar defensas y excepciones, así como pruebas y en materia de amparo, las reglas que la rigen son muy estrictas. Así no basta que se diga que se notifica por lista cuando las notificaciones son personales, máxime la de una sentencia – pero a los juzgadores les ha valido-.
El tema de la responsabilidad va más allá del tema jurídico porque también tiene una connotación ética, motivada por el conocimiento y la experiencia y obliga a los operadores del Derecho porque estos tutelan y protegen los Derechos Humanos. En este caso, salta a la vista que, sin mayor consideración, sin atender en el debido proceso ni ponderación alguna, se ha decidido, que, esta actuación irregular de un órgano del Estado no es procedente valorarla y, se decretado su desechamiento.
El Estado de Derecho tiene cuatro pilares: la División de Poderes, el Principio de Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos y la Transparencia y Rendición de Cuentas. En este caso, se vulneran tanto el principio de legalidad que obliga al aplicador a actuar, a realizar actos, a apegarse a lo que la Ley señala y, en cuanto al gobernado, la obligación de cumplir la ley como los Derechos Humanos porque los aplicadores tienen prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente porque los derechos se tornan o convierten en “principios” sobre los que descansa todo el sistema jurídico y resulta indudable que, frente a un acto de la potestad pública que atente o vulnere esos derechos, nace la facultad o poder de exigencia del individuo a favor del cual se reconocen aquéllos, para exigir su respeto o acatamiento.
Qué gran responsabilidad tiene los administradores de justicia y por ello deben tener suficiente preparación, experiencia, criterio y sentido del deber para que, los gobernados, gocen del Derecho Humano a la Justicia.
En los foros legislativos, en la academia, entre los doctrinarios está latente la pregunta ¿tenemos a los jueces, magistrados y Ministros que la sociedad necesita y reclama? Tristemente, no es así.
Los recursos de revisión siguen y las quejas en el Consejo de la Judicatura Federal, la Cofece es un elefante blanco que nos cuesta a los mexicanos, desde hace 23 años no se han dado cuenta que el Consejo Regulador del Tequila es un monopolio, y ahora con el caso de los notarios se conjuntan la complicidad, la ignorancia y notoria ineptitud de los juzgadores.
Es una prueba superveniente porque su misma naturaleza no está sujeta a presentarte como prueba en el proceso si se desconocía de su existencia, Amén de que varios de los secretarios alegan que el suscrito José Óscar Valdés Ramírez ha hecho ver mal al Poder Judicial de la Federación. Ahora resulta que si impugnamos los litigantes por la vía constitucional – hacemos ver mal a los integrantes del PJF- de verdad para eso están, pero me doy cuenta que necesitamos jueces y magistrados justos, preparados, no jueces de dedo ni magistrados de oportunidad.
Al final ganaremos esta lucha se hará más larga, pero el tiempo nos dará la razón, la SCJN debe ser el fiel de la balanza y hoy se vuelve una comparsa – después dicen que uno los desprestigia-, se desprestigian solos, los jueces y magistrados se legitiman con sus resoluciones pero estos juzgados especializados son una burla desde el amparo contra el gasolinazo.
Jugaron la comparsa, primero se declararon competentes, después pidieron ratificar en la Ciudad de México más de 350,000 demandas, después declinaron por competencia y las mandaron a esa burla llamada «juzgados auxiliares» que no es otra cosa que jueces y magistrados a modo de la SCJN donde dan chamba a los amigos de los ministros después hablan de autonomía, por eso el pueblo los ha dejado solos, su falta de imparcialidad es un descaro y su notoria ineptitud también.
Logramos quitar a un juez ya después de seis meses y que mandó sacarnos con la fuerza pública, daremos la batalla, no es defender a los notarios es defenderse de una ilegalidad… «Nada encima de la ley».
Espero esta vez las sanciones en el
Consejo de la Judicatura sean ejemplares y no solo cambiarlos, solo pedimos justicia que sabemos ni es prota ni es expedita. Confió en el tribunal de alzada solo pedimos que se apeguen a la legalidad, así de fácil. Y lo siento, no me dejo de nadie menos de los que nos deben impartir justicia, es mi estilo no soy agachón ni lamebotas yo si estudié Derecho, me apasiona y vivo de esto.
Señores jueces y magistrados hagan su trabajo que para esos les pagamos y bien, que yo haré el mío.
Decía un maestro de Yucatán «mare, el problema del Poder Judicial esta cabrón, ¡¿que tengas el Derecho, que lo sepas pedir?! Y lo más cabrón, que te lo quieran dar.
En México sigue siendo una odisea, una quimera, la imparcialidad de los jueces, no entienden que deben ser la columna vertebral, no aplaudidores del sistema.
