noviembre 20, 2024

Familia Ocaña resiste, plantean reformas penales para quienes lucren con tragedias

Familia Ocaña resiste, plantean reformas penales para quienes lucren con tragedias

 

Toluca.

La familia de Octavio Pérez Ocaña, mantiene la lucha por alcanzar justicia tras el homicidio del actor, esto a más de un año de la tragedia que actualmente cuenta con un policía detenido, y se comprobó que no se disparó el mismo, sino que se trató de un homicidio por parte de uniformados.

Esta mañana, la diputada LuzMa Hernández Bermúdez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México, y se sancione también a cualquier servidor público que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública.

Al exponer su iniciativa en tribuna, la legisladora de Morena detalló que en este caso, ocurrido el 29 de octubre de 2021 en el tramo carretero Chamapa-Lechería, y cuyas causas que originaron su fallecimiento aún continúan en proceso de investigación, fue una paramédico quien se encargó de proporcionarle los primeros auxilios cuando aún se encontraba con vida, durante su traslado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, trayecto en el cual ocurrió su deceso y quien presuntamente fotografió el cadáver y compartió las imágenes.

“Dicha persona Marcelina N. se encuentra excluida de la agravante del tipo penal toda vez que el artículo que la ley establece “Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte”, siendo esta servidora pública ajena a las instituciones definidas”, afirmó.

Ante la presencia del actor, la diputada señaló que es necesario reformar los artículos 227 Bis del Código Penal del Estado de México, con el objeto de prevenir el cometimiento del acto ilícito relacionado al “respeto a los cadáveres” y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas indirectas del mismo.

Esta reforma propuesta, incluye a las acciones que realizan los servidores públicos al incurrir en estos actos, los cuales vulneran los de recuso humanos y el acceso a la justicia de las víctimas, por ello, la multa para quienes incurren en la conducta delictiva es muy baja y por lo tanto no cumple con el objetivo de evitar su cometimiento, ya que es de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, tomando como referencia el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), valor diario 96.22 pesos, mientras que en la Ciudad de México es 10 veces mayor, de 500 a mil UMAS

 

 

         

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