Carlos Moreno Carreto
.Exigiremos que la Secretaría de Economía del gobierno federal haga el trabajo que por ley le corresponde, en materia de regulación de precios”, señaló José Oscar Valdés Ramírez, Doctor en Derecho Constitucional, quien convocó a los habitantes del Estado de México a adherirse al amparo presentado en contra del llamado “gasolinazo”.
El jurista explicó que se tiene una Secretaría de Economía que le cuesta a los mexicanos 7 mil 200 millones de pesos, y en realidad no sirve para nada. En este país los precios los fija Walmart, y no la Secretaría de Economía”, indicó.
Aseguró que la liberalización de precios fue autorizado por el Congreso de la Unión para el año 2018, pero el gobierno federal prefirió asumir ese costo político un año antes y no en el año de las elecciones, por eso adelantaron el aumento de los combustibles.
Señaló que el amparo que promueven en contra del “gasolinazo” fue elaborado por un equipo de seis doctores en Derecho, quienes aportaron lo mejor de sus conocimientos y experiencia para contar con un instrumento jurídico que muy probablemente ganará en la Suprema Corte de Justicia, “pues se cuenta con todos los elementos como para ganar”.
Valdés Ramírez informó que a quienes se adhieran al amparo no les costará nada, pues el amparo ya está elaborado y solamente hace fala firmarlo para ser tomados en cuenta como parte de la misma demanda Constitucional.
“Los que estén interesados pueden acudir al juzgado, presentar su identificación y solicitar firmar el amparo. No les va a costar nada, lo único que queremos es respaldo”, dijo.
Al abordar el tema de los migrantes sostuvo que se presentará una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos de América por la presunta deportación masiva de migrantes, señaló que el procedimiento sigue en marcha, aunque aseguró que las deportaciones no se han dado en la cantidad que se esperaba.
“Tenemos en Estados Unidos unos 7 millones de mexicanos migrantes que viven sin documentos, y hasta ahora las deportaciones mantienen un nivel de unas 26 deportaciones al día, lo cual no es nada, es un flujo que puede ser considerado normal. Lo que tenemos que ver es que esos procesos se hagan de acuerdo con la ley”, finalizó.
