Carlos Moreno Carreto
Toluca, Mèx.- “Exigimos una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, asimismo, con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación; exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestras presas y presos políticos. Su único delito es defender la tierra, el bosque, la comunidad, la vida”, saó lo señaló la abogada Esther Goujon representante de los comuneros de Salazar, municipio de Lerma.
Recordó que Salazar es un paraje de 217 hectáreas que alberga unas 300 familias, todas poseedoras de tierras comunales, que suman 3 mil habitantes, quienes comenzaron la defensa de sus tierras prácticamente desde su fundación, en 1545, cuando por Decreto del Virrey de la Nueva España se conformó la localidad.
Por lo que exigieron a la autoridad estatal la liberación inmediata de las ocho personas detenidas el pasado 31 de agosto del 2017, mediante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, Policía Federal, policía estatal y agentes ministeriales, que ejecutaron de madrugada y con presunto “lujo de violencia”.
Señaló que desde su fundación ese territorio ha sido sujeto de disputas con sus vecinos de Santa María y San Mateo Ataraquillo, pero apuntó que el 9 de noviembre del 2016 se concretó el amparo definitivo a favor de los habitantes de Salazar, y el 17 de agosto del 2017 se resolvió que no procede la restauración de tierras para San Mateo y Santa María Atarasquillo, por lo que el 17 de octubre se decretó el asunto como “Cosa Juzgada” y ya no hay ningún proceso judicial pendiente.
Sin embargo, recordaron que a raíz del conflicto por las tierras se derivó primero un enfrentamiento en el que presumiblemente actuaron policías municipales de Lerma contratados por los empresarios que supuestamente pretenden apoderarse de los terrenos para crear ahí una zona comercial, y a raíz de ese conflicto luego vino la aprensión, presumiblemente ilegal, de ocho vecinos de Salazar, entre ellos el representante comunal Cutberto Vilchis García.
Fabiola Vilchis, hija de Cutberto exigió la intervención inmediata del gobernador Alfredo del Mazo Maza para restituir el Estado de Derecho en Salazar, liberar de manera inmediata a los detenidos, a los que calificó como “presos políticos”, y a los jueces y magistrados que conocen de la causa los convocó a conducirse por el camino de la legalidad y dejar de actuar “por mandato de los empresarios”, finalizó.
