Apenas entre el 10 y 20 por ciento de los conjuntos urbanos asentados en la capital mexiquense cumplen con todos los requisitos que marca la ley, por ello, es necesario que se revisen las normas bajo las cuales fueron autorizados, para que el municipio no cargue con toda la responsabilidad.
En conferencia de prensa, el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría Sánchez, solicitó a la Contraloría Municipal y al Gobierno del Estado de México un informe detallado de los conjuntos urbanos que incumplen con las normas establecidas, pues mencionó que sólo el 29.63% de los trámites relacionados con los desarrollos habitacionales dependen de los municipios, mientras que el 59% está en manos del Poder Ejecutivo.
“Están involucradas la Dirección General de Control Urbano, el Registro Público de la Propiedad, los Notarios Públicos, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Dirección General de Protección Civil; y del estado, la Comisión del Agua Estatal, la Dirección General de Impacto Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente, la Dirección de Finanzas y los H. Ayuntamientos, con un control mínimo. En toda la República es el mismo esquema, el control totalitario del gobierno es el que deja el problema porque se autorizan grandes conjuntos urbanos sin tener el equipamiento suficiente en las localidades”, precisó.
El edil comentó que a la fecha en Toluca hay 56 conjuntos urbanos, de los cuales 40 se autorizaron a partir del 2000 y los demás del 2010 en adelante, la mayoría con irregularidades y muchos de esos no se han entregado al municipio, lo que generan pérdidas económicas al mismo por alrededor de 250 millones de pesos, pues no se pagan licencias, permisos, ni consumos como el servicio de agua y predial.
Recordó que fue en el año 2000, en el gobierno de Arturo Montiel, cuando comenzó el auge de las autorizaciones al vapor, mismas que siguieron dándose en el mandato de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, la mayoría con falta de servicios y equipamiento urbano. En ese periodo 446 conjuntos urbanos fueron aprobados, los más pequeños con 54 viviendas, mientras que los más grandes
involucran hasta 10 mil, en diversas etapas, como el caso del fraccionamiento Los Sauces, al norte de Toluca.
Actualmente, dijo, se sabe que en lo que va de la administración de Alfredo del Mazo Maza, a partir del 2018 a la fecha, se han autorizado ya 8 desarrollos habitacionales, de los cuales se desconoce su situación.
Chavaría señaló que son múltiples las quejas de la población, porque por si fuera poco, las viviendas no cuenten con entradas y salidas en buen estado, alumbrado, agua potable, electricidad y una deficiente vigilancia, aparte el tema del elevado costo y mala calidad de las mismas, lo que ha ocasionado que muchas sean abandonadas y se genere el problema de las ciudades fantasma.
“Nosotros estamos atentos a que no se siga provocando este malestar social que se ha dado durante años. Si analizamos, hay fraude y corrupción en la autorización de los conjuntos urbanos. No se puede seguir saqueando a los municipios con esta práctica deshonesta; lamentablemente se ha normado a través del incumplimiento de la ley, por lo que pedimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desde el ámbito federal se mantengan los controles estrictos de honestidad en esta materia de los asentamientos humanos”, acotó.
