La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma al Código para la Biodiversidad que regula el uso de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia y cualquier tecnología que modifique el ciclo hidrológico.
De acuerdo con la nueva disposición, quienes operen estos mecanismos sin autorización enfrentarán multas de hasta 6 millones 222 mil 700 pesos, equivalentes a 55 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
La reforma, que surge de iniciativas presentadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, responde a las denuncias de agricultores que acusan a estas tecnologías de afectar la producción del campo al reducir las precipitaciones pluviales.
El diputado Carlos Alberto López Imm destacó que la aprobación de la reforma atiende una demanda ciudadana de larga data, especialmente del sector agrícola. “Es un tema que ha sido ignorado por años. Hoy damos un paso adelante para proteger a los productores y garantizar que nadie pueda alterar el ciclo natural del agua sin consecuencias”, señaló.
Por su parte, el legislador Isaac Hernández subrayó que esta medida representa un acto de justicia para los campesinos que han visto afectadas sus cosechas debido a la manipulación del clima. En tanto, la diputada Leticia Mejía enfatizó que el Estado de México se convierte en la primera entidad en el país en establecer un marco normativo para regular estas prácticas, sentando un precedente a nivel nacional.
Con esta reforma, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex será la encargada de regular la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, incluyendo humos, gases, partículas, ruido, energía térmica o lumínica, entre otros factores que puedan alterar los ecosistemas.
Además, en coordinación con los municipios, la dependencia deberá elaborar un inventario de fuentes emisoras de estas sustancias, incluyendo a los proveedores de equipos y servicios relacionados con la modificación de precipitaciones. Asimismo, se creará un sistema único de información pública basado en las autorizaciones, licencias y permisos otorgados.
El dictamen también otorga a las personas afectadas y a organizaciones sociales el derecho a presentar observaciones y propuestas ante la Comisión de Impacto Estatal, órgano encargado de evaluar las repercusiones ambientales y urbanas de diversas actividades.
En los artículos transitorios, la reforma establece que la Secretaría del Campo, en conjunto con las secretarías del Agua y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá emitir una Norma Técnica Estatal para regular el uso de estos sistemas.
Con esta medida, el Congreso mexiquense busca proteger el equilibrio ecológico y garantizar que cualquier intervención en el ciclo del agua se realice bajo un marco de legalidad y con la debida supervisión de las autoridades ambientales.
