Por: José Óscar Valdés Ramírez
La cita era en la ciudad de Lima, Perú, Ramiro de la Rosa me había conseguido la cita con el expresidente Alan García, en México lo habíamos arropado cuando era el Presidente más joven de América Latina – 35 años-, y se formó el Grupo Contadora, a través de los amigos en el Partido Aprista Peruano (PAP), conocido también como el Partido del Pueblo o el Partido de la Estrella.
APRA proviene del nombre de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, propuesta inicial de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue secretario particular de José María Vasconcelos. El partido se fundó en México en la Escuela Nacional Preparatoria, ahí esta la placa aún en el auditorio Jose María Vasconcelos.
La cita no se concretó, Alan García se suicidó por el asunto de Odebrecht.
En el Perú existen cuatro expresidentes con sendos casos penales, unos en prisión, otros prófugos, pero se les persigue.
Me invitó la ministra Elvia Barros Alvarado junto con otras juezas Constitucionales del Perú para una conferencia en la Academia de la Magistratura del Perú, y gentilmente me acompañó el doctor ministro Eloy Espinoza Saldaña, gracias a José Cáceres Alvarado, Presidente de la Academia de Psicólogos del Perú, también agradezco a Waldy Grace Arroba Igaz, directora General de la Magistratura.
Las cosas se dieron, la pregunta obligada: ¿Cuál es el éxito para juzgar a sus expresidentes?
Lo que en Perú se han llevado de aquí son cacahuates, aquí se han llevado cantidades considerables, verbigracias las obras de arte de Los Pinos y es la fecha que no pasa nada, no se les juzga, siguen activos en redes sociales, gozando de la impunidad que les da el sistema.
La respuesta es simple, nuestra Constitución les permite a nuestros Presidentes en turno el poder que un Rey en el siglo XV, pueden quitar, vetar, nombrar, hacer deshacer sin contrapesos. En México la autonomía de las Instituciones es letra muerta, no existe, en Perú el primer mandatario no nombra ministros, ni jueces, mucho menos fiscales, el Poder Judicial es autónomo e independiente, no le rinde cuentas ni pleitesía al Presidente pues no lo necesita, le rinde cuentas al Congreso.
La Cámara de Diputados que representa el pueblo, la Cámara de Senadores no existe, el fiscal es elegido por sus pares, el Presidente no interviene, estos contrapesos de autonomía son reales, están en su Constitución modificada en 1993 y les ha dado resultado, llevan más de una década sin devaluación, su cambio es de 7 soles por un dólar, y a pesar de los escándalos de corrupción, saben que se van a investigar a todos y a todas.
El Presidente no manda en el Poder Judicial ni en la Fiscalía; no son sus empleados ni sus subordinados, la Cámara de Senadores no existe, no necesitan que a los estados los representen senadores, cualquier controversia tienen a la Suprema Corte y para el amparo tienen un Tribunal Constitucional que se rige por un código de procedimiento constitucional.
Esas figuras en México son inexistentes, tiene reelección inmediata, pero saben que en cualquier momento pueden ser investigados por el menor indicio. Me preguntaron insistentemente si en mi país castigaba a los delincuentes, si el caso Odebrecht era un caso simbólico para México.
Siendo claros, Odebrecht pagó sobornos en América Latina y financió campañas políticas, ese fue su modus operandi, compró y sobornó autoridades, en México se supo como siempre por una corte norteamericana. La desaparecida PGR sirvió para dos cosas, para pactar y para callar, no dio más, en Perú cuatro gobernadores están prófugos de la justicia, además de 34 alcaldes y un expresidente, Toledo.
Aquí no tenemos un detenido, es más, ni siquiera sabemos si existen indagatorias contra autoridades, elementos de prueba existen, indicios también, pero, ¿por qué no se hace nada? La respuesta es simple… no hay autonomía.
Mientras que en Perú, como en Colombia y Brasil, no se pide línea para investigar, aquí sí, aquí se pondera lo político, su trascendencia y se ve si les conviene o no, no les importa si después de cinco años «usted disculpe», la ley se aplica por encargo a la carta no por pruebas o por indicios, verbigracia, Oceanografía, y caso Elba Esther Gordillo.
En Perú los abogados que se atreven a insinuar arreglos son presos de inmediato, aquí los abogados externos manejan la impartición de la justicia, de la mano de ministros dan líneas y negocian -por cierto, a los mexicanos nos ven como los que les pagamos excelentemente bien a nuestros ministros, algunos son famosos por llegar a las reuniones de sus homólogos en avión privado, con un séquito de subordinados, en otros países viajan en línea comercial y solos, no les permiten acompañantes. Amén de lo sangrones y pedantes que ven a los ministros mexicanos que presumen alhajas y relojes que en otros países solo pueden usar empresarios-.
Y así el tema porque en México no podemos someter a proceso a gobernadores y a expresidentes de la República que son los principales responsables de las crisis y de la corrupción de sus administraciones, la respuesta es: porque no existen instituciones autónomas ni independientes, son letra muerta.
Mientras a los ministros de la SCJN los designe el Presidente de la República y al Fiscal General también, el resultado es el mismo, no hay autonomía no hay separación de poderes hay una división de facultades, no de poderes, toda gira en torno al Presidente de la República, esto no es culpa de la administración en turno así esta la Constitución, necesitamos una nueva, no reformas de un poder constituído, necesitamos un Congreso Constituyente.
En el Perú no hay Senadores, aquí tenemos a más de uno, de pena ajena; de la instrucción académica ni hablamos, cuando exista una crisis política la misma separación de poderes pone el orden, no hay más, hoy en esta Cuarta Transformación, necesitamos un cambio real, no un cambio de poder, de una mano a otra mano, para que sigan los mismos vicios, necesitamos una nación fuerte que no dependa de un solo hombre, que dependa de las Instituciones, estamos como estamos por permitirle a un hombre que lleve una nación en las manos, sin un contrapeso real, abusan porque saben que no hay castigo, que no hay voluntad para que los investiguen, los están acusando de ladrones no de tontos.
Este tema debe ser el tema nacional, no el desgaste innecesario de unos zapatos sucios o de un memorándum que algún comentarista calificó de «golpe de estado técnico» – término Constitucional inexistente-. El debate no debe ser si los ciudadanos desean que se juzgue o no a los responsables, es responsabilidad de la Fiscalía investigar si hay elementos no de inventar, pero para que hagan su trabajo deben rendir cuentas al pueblo de México, no al que los puso en el cargo.
El debate que debemos empezar es una nueva Constitución, que el Presidente se dedique a gobernar no a pedir ni a impartir justicia, ejemplos sobran, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Argentina, Uruguay, Costa Rica, el debate que debemos exigir es la autonomía de los poderes no la división de facultades que es lo que hemos tenido hasta hoy, ese es y ese debe ser el verdadero debate nacional de los mexicanos.
Queremos una nueva Constitución, vigente no a modo donde quepamos todos y donde se termine la impunidad y el manejo de un solo hombre.
Eso lo sabían PAN y PRI por eso nunca la modificaron, solo que nunca esperaron que los rebasara Andrés Manuel López, y ahora ejerce el poder absoluto que le da la Constitución los pone a temblar, es la hora de la creación de contrapesos… ¡no hay más!
