Por: José Óscar Valdés Ramírez
El Congreso de la Unión debe crear la iniciativa de un fondo de rescate para un porcentaje elevado de las familias mexicanas que sufren un serio y grave deterioro en su economía, como resultado del uso de tarjetas de crédito y departamentales, porque aunado a las elevadas tasas de interés, los bajos sueldos y el proceso de inflación, son una bomba de tiempo.
Los bancos cobran altísimas tasas de interés de más del 25% algunas llegan al 45%, los créditos hipotecarios de Infonavit se han vuelto impagables y ni se diga de los créditos automotrices. Sin discursos ni cuestionamientos, salvar a la clase media de México es urgente.
Recordemos que en la década de los 90’s existió una intervención oficial que todos seguimos pagando y que conocimos como Fobaproa.
*Un poco de historia para los millenials y los de la generación X
Cuando cayó el peso mexicano en 1994, como resultado de la política fiscal y monetaria expansiva que resultaba incongruente con el tipo de cambio fijo; en 1995 el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro Norteamericano decidieron, por cuarta vez en 20 años, acudir al rescate del gobierno mexicano y de los inversionistas por las consecuencias acarreadas por las políticas irresponsables de un año electoral.
El rescate permitió que México saldara por completo una deuda de US $25 mil millones en bonos indexados al dólar, los inversionistas no sufrieron riesgo ni pérdida alguna, porque fueron capaces de traspasar este riesgo al pueblo mexicano, esto es: Salvamos a los banqueros, siguen siendo ricos y no pagaron nada, el costo político y económico lo pagamos y lo seguimos pagando los mexicanos.
Si el gobierno salvó a los ricos, ¿por qué no salvar al pueblo de México?
Una moratoria y una quita en estos momentos sería lo ideal, si estamos viendo la inflación más alta en 7 años, los precios del combustible al alza, el transporte y la canasta básica; y los salarios inamovibles, una inseguridad que nos rebaza y una ola de violencia que es un caldo de cultivo para más violencia.
Ante la escalada de precios y los abusos de las instituciones de crédito y financieras, es la hora de hacer política social y con sentido, ¿para qué pagar programas de Sedesol y Sedatu que solo sirven para fines electorales?
La clase media de un país es la riqueza de una nación, pueden ver el milagro del Brasil, los que adeudan un crédito hipotecario, automotriz, tarjetas de crédito y departamentales, saben de lo que hablo.
Los gastos no paran, ante la incapacidad de nuestros gobernantes para darnos oportunidades laborales sólidas, los ciudadanos estamos solos, desamparados.
Los despachos de cobranza extrajudicial, no pueden ser sancionados por Condusef, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no son entidades financieras y no están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tampoco pueden ser sancionados por Profeco pues son entidades particulares, así nos han dejado a los ciudadanos… ‘indefensos’.
Existe el artículo 284 bis del código penal que nos permite defendernos ante las arbitrariedades de los despachos de cobranza.
La batalla legal la daremos, pero la solución es una moratoria y un rescate; sanearíamos nuestras finanzas personales los mexicanos, y reactivaríamos el crédito, dejando en ceros el buró de Crédito, que no es autoridad y sirve a los intereses de los banqueros.
Diputados hagan algo, legalmente defenderemos a los deudores ante los tribunales, es hora de aplicar la ley, abogados mexicanos… ¡ayúdenos!
Es para detener injusticias, para eso estudiamos… ¡para defender! Súmense a la Cruzada Nacional «PROTEGE A TU FAMILIA, PAGA LO JUSTO».
