Por: José Óscar Valdés Ramírez
Michoacán es un referente para el narcotráfico, es una zona apta para el negocio por sus tierras fértiles para el cultivo, tiene un puerto para grandes cargas, tiene cercanías con Estados claves para el trasiego de las drogas. Ahí surgieron los grupos denominados «autodefensas», en la guerra del narcotráfico declarada por Felipe Calderón.
Las organizaciones criminales ya contaban con bastante presencia, como Los Zetas y La Familia Michoacana, ésta última ofrecía la salvación a la ciudadanía de la opresión de los Zetas, ceaban lazos con la comunidad y respondían a las demandas sociales, ocasionando que tuvieran mayor autoridad.
Pero, los enfrentamientos entre los grupos criminales y el Ejército continuaban, dejando a la ciudadanía desprotegida.
Ni La Familia ni las fuerzas de Seguridad Pública protegieron a la comunidad, al contrario, la exponían a los combates, generando una cifra nueva en las estadísticas: los daños colaterales -personas inocentes-, en un espiral de violencia total.
Ante tales sucesos, La Familia Michoacana anunció su disolución dejando un vacío que sería ocupado por Los Caballeros Templarios, que retomaron las actividades criminales.
A diez días de asumir la Presidencia (2006-2012), Calderón le declaró la guerra al narco, movilizando 7 mil elementos de Seguridad Pública y un presupuesto de mil 250 millones de pesos. El Operativo Conjunto Michoacán inició por solicitud del entonces gobernador y, posteriormente, se implementó también en otros estados.
No obstante, el operativo, y la guerra contra el narcotráfico que le siguió, trajeron consigo más problemas que soluciones, una falta total de coordinación y una guerra que nunca pudo ganar.
Después de seis años, el crimen organizado tenía presencia y mando, pues compró a la autoridad.
Calderón los armó a través de Genaro García Luna y hoy tienen un poder de fuego, amen que compraron a la autoridad, es parte de su organización.
Así en el año 2013, surgió un grupo de pobladores inconformes que cansados de las relaciones de dominación, decidieron organizarse y expulsar al crimen organizado.
El movimiento de autodefensas ganó popularidad y se replicó en otras zonas de Tierra Caliente.
Para aquel entonces, el Presidente Enrique Peña Nieto consideraba un problema que un grupo tomara la justicia por sus propias manos, el ahora exPresidente fue pésimo en el manejo del problema, mandó a un comisionado de la nefasta tercia de los primos Cervantes. El excomisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien sólo se dedicó a saquear y robar a los grupos de delincuentes, encerrando a los responsables de las autodefensas -les salió más caro el remedio que la enfermedad-.
Dentro de la opinión pública existían diferentes posturas, por un lado la aprobación de las autodefensas y por otro la desaprobación, porque incentivaba a la justicia por mano propia. Fueron tan apresuradas las respuestas gubernamentales que el gobierno federal primero persiguió a las autodefensas -enfrentando y arrestado por posesión ilegal de armas-, después anunció otorgarles el apoyo -a pesar de que el gobierno estatal descalifica a la organización-, y finalmente se negoció para que el movimiento se institucionalizara -actualmente Policía Michoacán, División Fuerza Rural-.
Legitimar las autodefensas -institucionalizarlas- trajo consigo connotaciones sociopolíticas. Los grupos armados actúan con base en intereses, los cuales pueden ser similares a los del gobierno, pero no se asegura el cumplimiento absoluto de las reglas -ya sea por desconfianza o desapego a la institución-. Los grupos comunitarios armados surgieron como una forma de resolver los problemas que no podía hacer en su momento el Estado.
Las autodefensas y el Ejército perseguían al mismo enemigo: el crimen organizado.
No obstante, los primeros por la vía ilegal y el segundo por la vía legal, de tal manera que se negociara y se llegara a trabajar en conjunto, dando paso a formalizar al movimiento “una estrategia de control eficaz y no confrontaciones que permitiría al gobierno tener registro de quiénes formaban y dónde operaban grupos armados”.
Otro de los problemas de institucionalizar a dichos grupos es que motiva a la creación de movimientos armados y una vez que lleguen a tener una notoriedad en la esfera pública podrán negociar con el Estado, sin importar los sucesos y/o vías para llegar al reconocimiento. Además, formalizar las autodefensas desacredita las academias policiales y la inversión que hace el gobierno a estas instituciones.
Por último, los grupos armados autónomos actúan bajo sus propios estatutos de qué es justo y qué no, ocasionando así una deficiencia para establecer lazos de cooperación con otras fuerzas de Seguridad Pública.
Es importante recordar que el surgimiento de La Familia Michoacana fue para proteger a la ciudadanía de los Zetas, las autodefensas, a su vez surgieron para expulsar al crimen organizado y dar protección a la ciudadanía también.
No obstante, ambos grupos operaban en la ilegalidad y la mayoría de sus miembros eran de la misma comunidad, guiados más por venganza, que por justicia. Las autodefensas toman la justicia por mano propia y para muchos es retroceder a la barbaríe, pero parece ser una forma más eficiente para erradicar o enfrentar al crimen organizado que protege un sistema legal -el cual esta corrompido y sirve a sus intereses-. Si las autoridades se encuentran vinculadas a grupos criminales ¿quién debe de proveer la seguridad? Simple, el mismo pueblo, por eso surgen estos grupos.
Existe una población que es ejemplo de éxito de las autodefensas y que ignora la autoridad, el municipio de Cherán en Michoacán. Las pésimas decisiones de Calderón Hinojosa secundadas por Peña Nieto son el resultado que hoy tenemos, un narcotráfico con poder de fuego incrustado en las altas esferas locales gubernamentales, el problema del narcotráfico no lo extinguieron… ¡lo alimentaron! Y creció una respuesta que no esperaban las autodefensas cuando el pueblo se cansa y se arma ante la ineptitud de las políticas gubernamentales.
