Abogados del Estado de México, se manifestaron y cerraron los Juzgados Familiares en la Ciudad de Toluca, para exigir al Poder Judicial que revoque la certificación voluntaria, pues con ello, no podrán litigar; dicho trámite tiene un costo mayor a 35 mil pesos.
Arturo Contreras, abogado señaló que en los casos de representación de menores infractores, la exigencia es aún mayor para el gremio. A esto se suma, el sistema “colmena”promete agilizar los trámites y concentrar en
un solo lugar diversas materias; sin embargo, ya demostró que en el Valle de México es un fracaso.
Así mismo, exigen la renuncia del titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, pues consideran que impone requisitos como la certificación, a la cual se oponen pues consideran que solo la Secretaría de Educación Pública puede hacerla y no a través del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).