Penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 500 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual y derivado de estos se afecte su integridad física o psicológica, aprobaron por unanimidad las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género de la LX Legislatura.
Al considerar que las terapias de conversión por orientación sexual vulneran los derechos de las personas, específicamente de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), las comisiones avalaron la iniciativa presentada por la diputada Beatriz García Villegas, en nombre de Morena, para adicionar el artículo 211 sexies al Código Penal del Estado de México.
De acuerdo con la reforma, que se ha trabajado con colectivos como Fuera del Clóset y la Red de Defensores de la Diversidad Sexual, las penas se aumentarán hasta en una mitad si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad, con discapacidad, adultas mayores, privadas de la libertad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, tutor, cónyuge, concubino o concubinario del inculpado, además de que en ambos casos el delito se perseguirá de oficio.
El dictamen incorpora el título ‘Delitos contra el libre desarrollo de personalidad y la identidad sexual’ al Código Penal en el que define las terapias de conversión como aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia física, moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que afecten la autodeterminación sexual de las personas.
En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), en presencia de los diputados Maurilio Hernández González (Morena) y Miguel Sámano Peralta (PRI), presidente y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, la legisladora Beatriz García afirmó que las terapias de conversión transgreden los derechos humanos y principios legislativos internacionales y nacionales, además de que agradeció los aportes de las bancadas del PRI y del PAN, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Las legisladoras de Morena, Alicia Mercado Moreno, Liliana Gollas Trejo, Anaís Miriam Burgos Hernández, Berenice Medrano Rosas y Mariana Uribe Bernal respaldaron y reconocieron la iniciativa por el acercamiento de la diputada proponente con la comunidad LGBTTTIQ, aseguraron que con ello la Cuarta Transformación de la vida pública está rindiendo frutos, que su bancada tiene el compromiso de la protección de los derechos universales e igualitarios de toda la ciudadanía y se manifestaron en contra de la discriminación de cualquier tipo.
El diputado Juan Maccise Naime (PRI) se manifestó a favor de la inclusión de las personas sin distinciones ni discriminación, en tanto que la diputada Claudia González Cerón (PRD) elogió el reconocimiento e integración de las personas con una preferencia sexual diferente y la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) reconoció avances, pero señaló que aún existen pendientes con ese sector de la población, mientras que los diputados José Antonio García García (PAN) y Carlos Loman Delgado, cuestionaron la redacción final de la reforma respecto a su aplicación práctica.
En la reunión, en la que participó Francisco Fierro Sosa, director general jurídico y consultivo de la FGJEM, las legisladoras Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del PAN, y el diputado Carlos Loman se abstuvieron de votar el dictamen de la iniciativa, el cual se presentará ante el Pleno legislativo para su aprobación final.
